Sin duda, necesitamos a más y mejores jóvenes participando en la administración de la cosa pública. Es algo que latentemente demanda la gente que elige y es elegida democráticamente. Ante esa demanda existe una oferta proveniente de un segmento de la población con el talento y la determinación para agregar valor a la nación. Sin embargo, la denominada cuota de la juventud que parece estar recibiendo el apoyo de la multitud tiene, en esencia, más vicio que virtud.

 De acuerdo a principios económicos de carácter sumamente lógico, la implementación de cuotas da lugar a corruptelas políticas y a pérdidas netas en un mercado de libre empresa. Las pérdidas se materializan debido a que la cuota afecta el precio de equilibrio de aquello que se oferta y se demanda. Cabe señalar que el punto de equilibrio en un mercado no es otra cosa que el nivel de precio y cantidad bajo el cual los consumidores están dispuestos a comprar todo lo que los productores están dispuestos a ofertar. Si el precio está por encima del punto de equilibrio, que es lo que sucedería a raíz de la implementación de una cuota, entonces los productores ofertarán menos y los consumidores, consecuentemente, terminarán pagando más.

Las corruptelas, por su parte, se manifiestan a la hora de subastar las cuotas preestablecidas. En el caso específico de la cuota de la juventud, las personas en los partidos políticos que tienen el poder de dar el “dedazo” para decir quien va y quien no va podrían demandar un precio al joven aspirante que quiera participar de la cuota. Esto, además de ser una dinámica dolosa, también comprometería la calidad del grupo de aspirantes jóvenes que eventualmente participaría en tal o cual concurso electoral ya que entrarían al mismo no necesariamente por mérito, sino por haber pagado un precio pecuniario o haber hecho una promesa política a su padrino del partido.

Imaginemos, por un momento, que República Dominicana produce teléfonos inteligentes. Para incentivar la compra de teléfonos criollos, el gobierno implementa una cuota a la importación de la competencia, la cual, dicho sea de paso, tiene un precio más competitivo. Esto causa un aumento en el precio del teléfono importado, obligando al ciudadano dominicano a pagar más por ese producto el cual, en un contexto de libre mercado, sería más barato que el criollo. En ese sentido, bajo el régimen de cuotas, el bienestar del consumidor estará por debajo del que pudiese haber experimentado en un escenario libre de cuotas de mercado.

En el ejemplo anterior, los teléfonos importados hacen las veces de los jóvenes que actualmente participan o aspiran a participar en la política nacional, los teléfonos criollos representan a los políticos veteranos, y el consumidor al erario dominicano que termina pagando más caro un producto (la política) que debería ser mejor y más barato.  

Para asimilar estos argumentos más objetivamente, analicemos la siguiente gráfica de oferta y demanda:

cuota de la juventud D'Oleo Analytica

Al ver esta gráfica, algunos dirán que no refleja la realidad pues en el mercado pre-cuota la juventud política tiene una mayor participación que en el mercado post-cuota. Sin embargo, el autor de estas líneas opina que sí refleja la realidad pues en un mercado de libre competencia el por ciento de participación juvenil demandada por el electorado podría sobrepasar el 25% muy fácilmente.

Hago este argumento sobre la base de que la juventud dominicana es sumamente talentosa y comprende más de un 60% de la población. Y la razón por la cual no vemos una representación más poderosa de la juventud en la política es porque el mercado actual no opera bajo los principios de la meritocracia y la libre competencia, sino bajo la dinámica política-clientelar que tiene al Estado en sobrepeso y al pobre sin un peso. A esto añado lo obvio. Que la implementación de una cuota en tal mercado solo exacerbaría el problema clientelar; problema que tiene a este país a punto de explotar y perjudicar aún más a la población de esta nación que ya no aguanta más.

Entonces, a raíz de la cuota,

¿Quienes ganan?

Fruto de la implementación de una cuota, los productores (la clase política) terminarían ganando gracias al aumento en el precio (sobornos y otras ineficiencias) del bien o servicio que se oferta.

¿Quiénes pierden?

Los consumidores (electores) y la sociedad en sentido general paga por esta política errada y perjudicial. Por un lado, los consumidores sufrirían una erosión en su nivel de bienestar (excedente) debido a que, gracias a la cuota, estarían enfrentando un mercado con menos oferta, menos calidad y precios más altos. En términos agregados, la sociedad experimentaría una pérdida neta debido a la ineficiencia en la asignación de factores de producción que surge a partir de la adulteración del nivel de precios fruto de la cuota.

Por tanto, la cuota de juventud, cuya puesta en ejecución parece ser inexorable, no debe ser aprobada y los que la proponen deben ser electoralmente escarmentados por su intención de vejar a la sociedad con una política pública que tiene dos caras: una quijotesca y otra maquiavélica. Quijotesca porque en su intención de ayudar, a fin de cuentas, termina desayudando a muchos de los que promete ayudar. Maquiavélica porque beneficia al grupo dominante (los políticos veteranos o menos jóvenes) y aumenta las barreras al grupo que aspira ocupar una posición de mayor influencia (los más jóvenes y la sociedad en su generalidad).

Entonces,

¿Quiénes son los quijotes?

La sociedad civil que cree que apoyando la cuota está ayudando a los jóvenes a tener una mayor y mejor representación en la política nacional.

¿Quiénes son los maquiavélicos?

Los políticos de turno que promueven la cuota presentándola al pueblo como una inocua y beneficiosa cuando en verdad, como queda demostrado por este análisis, es altamente dañina para los habitantes de esta media isla.

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